La vía jurídica para solucionar el conflicto por límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó está “agotada por la falta de consistencia en la documentación agraria”, de ambos municipios, de ahí que se debe privilegiar el diálogo y disuadir a las partes a que continúen en pleito en el Tribunal Unitario Agrario, sugirió el Grupo Multidisciplinario.

En un informe relativo a la problemática, explica que en 2000 es cuando escala el conflicto entre ambos municipios y desde entonces el gobierno federal estatal y municipal, “buscaron mecanismos conciliatorios para coadyuvar a la solución del problema que data desde 1973”, con varios momento “cíclicos de tensión”, entre habitantes de los municipios. Desde hace 17 años han tratado de solucionar el conflicto, magistrados del Tribunal Unitario Agrario, funcionarios federales, estatales y municipales e incluso el gobernador.

En la desesperación, el gobierno federal y estatal, “han ofrecido una contraprestación económica al pueblo que no le beneficie la resolución del Tribunal Unitario Agrario”.

La oferta económica ha sido presentada inicialmente por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero en 2008 lo hizo la Secretaría de Pueblos Indios y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la entidad.

Habitantes de ambos pueblos “han rechazo tajantemente la propuesta y han reaccionado, manifestando que esa acción del gobierno la interpretan como la compra del pueblo: tema complejo y de gran sensibilidad”, sostiene el Grupo Multidisciplinario en el informe consultado por este diario.

Recuerda que en 1975, el pueblo de San Pablo Chalchihuitán fue dotado de tierras, mediante la resolución presidencial de Reconocimiento y Titulación de ambos Bienes Comunales (RTBC), que se ejecutó en 1980, para beneficiar a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas.

En la ejecutoria se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 otras 252 más, como complemento de la RTBC.

En el caso de San Pedro Chenalhó, cuenta con una resolución presidencial otorgada en 1975, para mil 681 solicitantes con 15 mil 625 hectáreas, pero “no fue ejecutada por la inconformidad de los beneficiados, toda vez que la cantidad de tierras no era la que narraba la resolución presidencial”.

Habitantes de ambos pueblos han privilegiado la gestión agraria ante los tribunales con el fin de encontrar una solución al problema, pero las resoluciones emitidas “no han sido acatadas por las partes actoras y por el contrario, éstas han acudido a otras instancias superiores de las que la ley les permite, para defender sus derechos”. Por una de las resoluciones, que puso en tela de juicio los trabajos desarrollados por la SRA y ante tal resolutivo, el pueblo de Chalchihuitán, se apartó en contra del fallo.

En 2000, San Pablo Chalchihuitán demandó ante el TUA a sus vecinos de Chenalhó, por la restitución de 58 mil 25 hectáreas que tiene en posesión, demanda que radica en el expediente de juicio 955/2000.

Por El Universal