Una mujer tzotzil fue desalojada con sus hijos por la deuda que adquirió para pagar la cirugía de uno de ellos. El Seguro Popular no cubre su enfermedad y no puede trabajar por cuidar de él. Su caso ilustra la grave situación del sector salud en el estado más pobre del país
El accidente que tuvo Israel en una motocicleta en marzo pasado, resultó ser necesario. Cuando el niño de 11 años de edad fue revisado buscando lesiones derivadas de la caída, los estudios revelaron un problema mayor: en su cabeza se alojaba un tumor que fue diagnosticado más tarde como benigno y removido en un hospital a casi 70 kilómetros de Ichilho, su comunidad en el sureño estado de Chiapas. Pero su problema no acabó ahí: debe seguir un tratamiento de tres años, con medicamento que no le da el sector público y monitoreo con equipos que están en el hospital más cercano, pero no sirven.
Es por ello que su madre, Angelina, debe llevarlo a la Ciudad de México cada tres meses para practicarle estudios en el Instituto de Neurología de la Secretaría de Salud federal. Cada viaje redondo le cuesta unos cuatro mil pesos, adicionales a los cuatro mil mensuales que paga por los medicamentos de Israel, ya que el Seguro Popular –la única cobertura médica con que cuentan- no incluye ese padecimiento y en el hospital de San Cristóbal de las Casas el tomógrafo lleva dos años descompuesto. Estos gastos se costean con donaciones de la comunidad, incluidos enfermeros de ese hospital, que han denunciado durante cuatro años la precaria situación de los centros sanitarios de la zona de los Altos de Chiapas y de todo el estado, el más pobre del país según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“El hospital que debería cubrir la atención a los 18 municipios de estos 600 mil habitantes, tiene un desabasto total en cuanto a equipo, material, medicamentos, insumos, hasta las jeringas las tienen que comprar los familiares. El problema serio es la gran corrupción que se está dando en la secretaría de Salud de Chiapas, y el Seguro Popular que no garantiza el derecho a la salud de la población”, denuncia el enfermero Nicolás Gómez, quien apoya a la familia de Israel con la recaudación de fondos para su tratamiento. “No hay vacunas, no hay medicamentos, incluso los cirujanos ya anunciaron que van a suspender las cirugías en la región porque no hay anestesia”, dijo Gómez a Animal Político.
Ante estas carencias y la limitada cobertura del Seguro Popular, Angelina pidió un préstamo de 80 mil pesos para el diagnóstico y la cirugía de Israel, de los que ahora debe también los intereses y su acreedor decidió desalojarla de su propia casa hasta que le pague: la mujer vivió en la calle con sus dos hijos hasta que un tío le ofreció alojamiento temporal. El padre de Israel no hace ninguna aportación al gasto familiar, emigró presuntamente para buscar mejores oportunidades pero nunca volvió; ella solía obtener ingresos de la venta de artesanías, pero ahora debe cuidar permanentemente a Israel porque tras la cirugía perdió la vista del ojo izquierdo y la movilidad de un brazo. “Estoy triste porque no tengo nada”, admite Angelina en entrevista telefónica.
El caso de Israel es un botón de muestra de la grave crisis sanitaria que vive el estado de Chiapas, entidad con 77% de la población en pobreza y que en 2016 ocupó el cuarto lugar en recursos mal manejados del Seguro Popular, con 618 millones de pesos malversados, según la Auditoría Superior de la Federación. Esta emergencia ha sido denunciada por el personal de salud, quien recibe diariamente las quejas –algunas incluso agresivas- de la población que no recibe atención ante la falta de recursos materiales y humanos. Ellos enviaron oficios a la Secretaría de Salud y el Ejecutivo estatales exigiendo su inmediata atención para este grave desabasto, sin que hasta el momento la hayan recibido. Animal Político solicitó su versión a la secretaría de Salud estatal pero tampoco obtuvo respuesta.
Oficios enviados donde solicitan atender el desabasto de medicina. Cortesía Nicolás Gómez.
Angelina y los pequeños Israel y Marcelino viven en la comunidad de Ichilho, del municipio de Chamula, considerado por el Instituto de Estadística (Inegi) de ‘muy alta marginación’ y ‘alto rezago social’. La ciudad más cercana es San Cristóbal de las Casas, a 40 kilómetros, pero sus 385 habitantes –todos indígenas- deben viajar por lo menos a la capital del estado para recibir atención médica, pues el desabasto en el hospital de las Culturas de San Cristóbal es absoluto. Esta familia es beneficiaria del programa Prospera, con el que recibe 950 pesos cada bimestre. “En Chiapas no tenemos hospital de especialización, de tercer nivel, aunque el gobierno dice que ha invertido. Muchos se quedan en el camino o ni siquiera van porque la única opción es ir hasta la ciudad de México y no todos pueden costearlo”, lamenta Nicolás Gómez.
La secretaría de Hacienda de Chiapas reporta en su informe de gestión del primer semestre de 2017 que invirtió en el sector salud 196 millones de pesos, destinados entre otras obras a la construcción del hospital general de Tapachula y la terminación del edificio principal y equipamiento del hospital general de Yajalón, inaugurado en mayo pasado por el secretario de Salud, José Narro. Sin embargo, al menos 31 hospitales del estado permanecen cerrados tras su inauguración formal, incluido el de Yajalón, donde Animal Político pudo constatar que ni el personal ni los equipos ostentados en el acto protocolario se quedaron ahí: sólo sirvieron para la fotografía del gobernador con el secretario.
“Manuel Velasco aplica su política de austeridad y hoy está desmantelando el sistema de salud en Chiapas, en todos los sectores. Desde el primer nivel de atención como en el caso de Israel, que no tuvo atención oportuna en su comunidad; no hay médicos, y si hay no tenemos con qué trabajar, los hospitales no se dan abasto. Inauguran semanas nacionales de Salud y no tenemos vacunas ni sueros orales. El gobierno está aplicando una política que está matando a la gente”, denuncia el enfermero Gómez en referencia al gobernador del estado.
En marzo próximo, el Instituto de Neurología en CDMX practicará una nueva resonancia magnética a Israel para asegurarse de que el tumor no haya resurgido en su cráneo, esta vez sin costo dada su condición socioeconómica. Sin embargo, los gastos del viaje deben seguirlos costeando Angelina y los voluntarios que la ayudan, así como los medicamentos.
Cobertura relativa
El cáncer más frecuente en los niños es la leucemia linfoblástica aguda, seguida de los tumores cerebrales como el de Israel y en último lugar, los linfomas, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal. En este contexto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) -a la que pertenece el Seguro Popular- asegura que de enero de 2013 a diciembre de 2015 financió 5 mil 167 tratamientos de cáncer en menores sin seguridad social.
“Todas las niñas y los niños mexicanos -menores de 18 años- afiliados a ese servicio tienen garantizada la cobertura total contra cualquier tipo de cáncer, mientras que los mayores de edad reciben una cobertura de inversión por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, explica un comunicado de la Comisión. Aunque el Seguro Popular contempla la protección de cáncer infantil sin especificar tipos, cuando el tratamiento implica muy altos costos (generalmente por cirugías), se recurre para costearlos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubre 61 intervenciones ordenadas en nueve grupos de enfermedades, incluidos los tumores cerebrales en menores de 18 años, pero en esa lista no figura el tumor que tuvo Israel: craneofaringioma.
“Nosotros consideramos que el gran fraude a nivel nacional es el Seguro Popular, porque nos limita en un paquete de atención que no cubre los medicamentos de Israel, nosotros le solicitamos al gobierno del Estado y al federal que se le surta de manera mensual el medicamento, que son los gastos que no puede solventar Angelina porque no tiene otro ingreso. Israel es el rostro de la falta de atención que hay en las comunidades indígenas, afortunadamente se nos dio la oportunidad de acompañarlo pero mucha gente se nos está quedando en el camino”, lamenta Gómez, quien desde hace varios años realiza acompañamiento a pacientes indígenas y/o de bajos recursos.
Este grupo no es menor: de los 53 millones 484 mil 908 de personas afiliadas al Seguro Popular en México, 24% es población indígena, es decir, 12 millones 967 mil 333 personas. En Chiapas son 5 millones 217 mil 908 personas, según cifras del Sistema de Protección Social en Salud.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas han documentado la crónica crisis del sistema de salud chiapaneco, calificándola como el reflejo de la crisis general que se vive en el estado, “la cual está imbricada entre la violencia y la muerte, la afianzada corrupción en toda la estructura del estado y la falta de interés que tiene el gobierno de Manuel Velasco Coello para resolver los problemas estructurales del estado: pobreza, educación, justicia, salud, entre otras que mantiene a Chiapas en la deriva y entre las entidades más rezagadas del país”.
Por Animal Político