El gobierno de Estados Unidos actuó de forma ilegal al requerir que los niños inmigrantes sin compañía de un adulto permanecieran detenidos hasta que el director de la agencia nacional para refugiados aprobara personalmente su liberación, un proceso que demoró su libertad y provocó sufrimiento en los menores, falló este miércoles un juez, quien ordenó que se pusiera fin a esa práctica.
El juez de distrito Paul A. Crotty, de Manhattan, dijo en un fallo por escrito que el cambio a las normas realizado a mediados de 2017 por el recién nombrado director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que requería la aprobación del director para las liberaciones, estuvo mal.
Indicó que no puede “hacerse de la vista gorda” ante el sufrimiento y los daños irreparables ocasionados por dicha política.
Crotty también otorgó el estatus de colectiva a la demanda entablada por abogados de derechos civiles a nombre de un menor.
Un portavoz de los abogados del gobierno federal dijo que por el momento no había comentarios.
El juez dijo que los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU por sus siglas en inglés) habían “demostrado adecuadamente un daño irreparable y la probabilidad de tener éxito en varias denuncias”.
La NYCLU dijo en un comunicado que el fallo podría repercutir en cientos de niños migrantes.
Donna Lieberman, directora ejecutiva de la NYCLU, calificó como cruel la política de una agencia encargada de proteger a los niños migrantes y de colocarlos en instalaciones aprobadas, y dijo que había trastocado sus vidas.
Agregó que la ORR “ya no puede mantener a los niños detenidos por el capricho de un director que ha demostrado tener poca experiencia y menos consideración por el bienestar de los niños”.
Crotty dijo que la evidencia mostró que la nueva política fue implementada a las pocas horas del nombramiento del director “sin un registro que demostrara la necesidad de un cambio”.
Aparentemente, el cambio se basó en noticias no identificadas sobre actividades criminales que involucraban a los menores inmigrantes”, indicó el juez. Añadió que no ha visto pruebas de que se hubiera considerado la ley relevante, documentos de la agencia o el impacto de los inmigrantes no acompañados.
Vía Excélsior