El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para que convoque a un periodo de sesiones extraordinarias en la Cámara alta, con el fin de declarar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas.
En el proyecto elaborado por el senador morenista, argumenta que existen las causales para dicha declaratoria, es decir, los tres poderes estatales han incurrido en violaciones a la Constitución Política Mexicana, por lo que se configuran las conductas que ameritan la desaparición de poderes.
Ricardo Monreal explica que en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de la presunta dimisión de delitos federales, “ha invocado, manifestado y actuado de hecho en contravención al pacto federal, con el argumento de que su fuero, inmunidad o protección constitucional provienen de la Constitución local y no así de la federal, lo que evidentemente resulta contrario a nuestra Carta Magna”.
Argumenta además, que el mandatario estatal desconoce y contraviene las facultades concedidas de la federación, entre ellas la de perseguir los delitos del orden federal cometidos presuntamente por servidores públicos locales, atribuyéndoselas de forma arbitraria tanto a la Constitución de la entidad federativa respectiva, como a la determinación que, en su caso, realice el Congreso local.
El coordinador de los senadores de Morena expresa su presunción de que García Cabeza de Vaca se ha apartado de sus funciones constitucionales al ausentarse de actos oficiales a los que debió asistir.
“Se tiene conocimiento de que el gobernador ha abandonado el ejercicio de sus funciones de facto, sin que medie para ello renuncia o licencia previa. En tal sentido, debe acreditarse en qué actos debió estar presente o si este realiza sus funciones, ya que, en caso de confirmarse esta situación, se estaría poniendo en riesgo tanto la estabilidad institucional del estado de Tamaulipas, como el pacto federal, al ser omiso en el cumplimiento de las funciones que como mandatario estatal le corresponden”.
Monreal afirma que el Congreso de Tamaulipas violentó el pacto federal al emitir un Acuerdo de no homologación del Juicio de Procedencia aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que determinó que existían elementos para proceder penalmente por el delito de defraudación fiscal, a sabiendas de que las determinaciones de la Cámara de Diputados federal son “inatacables”.
Respecto al Poder Judicial de Tamaulipas también le atribuye violaciones al Pacto Federal, toda vez que “ante hechos públicos como lo fueron la declaración de procedencia respecto del gobernador del Estado y el Decreto de no homologación de la Legislatura de la entidad, no hubo resolución, pronunciamiento o acuerdo alguno que mandatara la observancia de dichas determinaciones federales”, contraviniendo la Constitución.
Subrayó que el Poder a judicial local no solo permaneció pasivo al no ejecutar acto alguno que dirigiera la relación entre el Poder Legislativo de la entidad y el de la Federación, sino que, “al igual que el gobernador de la entidad, también se manifestó públicamente, por conducto de su Presidente, en contra de la Constitución Federal, llevando a cabo señalamientos en el sentido de que el fuero del gobernador de la entidad proviene de la Constitución local y de que no procede su retiro; lo cual, como ya ha quedado de manifiesto, atenta contra el pacto federal y la supremacía constitucional”.
Monreal Ávila sostiene que con base en los antecedentes señalados, existen elementos para solicitar que el Senado de la República ejerza la facultad prevista en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política, “con el objeto de que, una vez que se constate la desaparición de los tres poderes del estado de Tamaulipas, declare que es llegado el caso de nombrarle titular del poder ejecutivo provisional a dicho estado”.
Cabe mencionar que aún no hay fecha para que el presidente de la Jucopo presente la solicitud para que se abra un periodo extraordinario de sesiones, ya que primero esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogue el recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República, para después proceder en consecuencia.