Cuando las integrantes de la organización civil Fray Matías de Cordova llegaron a uno de los hoteles de Tuxtla Gutiérrez, en donde estaban las y los migrantes que fueron dados de alta de la Cruz Roja, ellos ya iban de salida. Se estaban organizando para ver cómo, por su cuenta, se regresaban a Guatemala porque tanto el gobierno mexicano como el de su país los dejaron a la deriva.

El gobierno de México les ofreció tarjetas de residentes temporales hasta por un año a las y los sobrevivientes del accidente del jueves 09 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, en donde 55 personas perdieron la vida y 111 resultaron heridas.

A quienes no aceptaron les dieron una noche de hotel y después podían irse por su cuenta a Guatemala sin siquiera tener un documento de salida que les permita llegar hasta la frontera sin ser detenidos por elementos de migración comentó en una entrevista Alejandra Elizalde, una de las defensoras que se entrevistó este lunes con cuatro sobrevivientes, que tenían menos de 24 horas de haber sido dados de alta de la Cruz Roja.

Elizalde señaló que uno de los jóvenes sobrevivientes decidió no hacer el trámite de la tarjeta de residente temporal porque eso significaba no tener dónde pasar la noche y por ello prefirió quedarse en el hotel.

“Lo que se pudo haber hecho de parte del gobierno mexicano es hacer un retorno acompañado sobre todo porque son personas que todavía van lastimadas” dijo la defensora.

Las organizaciones civiles les ofrecieron a estas cuatro personas acompañamiento mediante los albergues con los que cuentan, pero con las y los demás migrantes que retornaron por su cuenta, sin recursos económicos y convalecientes, no pudieron hablar.

José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud en el Estado dio a conocer que de las 111 personas lesionadas que ingresaron a distintas unidades médicas de la Región Metropolitana, el censo más reciente indica que 25 de ellas han sido dadas de alta, 30 se encuentran con pronóstico reservado, seis perdieron la vida estando hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones y el resto presenta un diagnóstico con gravedad estables.

Las autoridades de salud cuando dan de alta a una persona dan parte al INM y al DIF, en caso de ser menores de edad.

Por su parte, Xolotl Salazar de la organización civil Voces Mesoaméricas mostró su preocupación debido a que no se ha informado de la cadena de custodia de las personas migrantes menores de edad, se supone que deberían de estar en el DIF, pero no tienen certeza de ello.

La información no fluye por ningún lado. Las organizaciones civiles han hecho solicitudes de información a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), pero se las han negado argumentando que solo le están dando información a los consulados. Las personas que siguen en los hospitales y están conscientes tampoco tienen información y sus familias en Guatemala están en la misma situación.

Olga Olivia Coc Mohulds, esposa de uno de los migrantes que falleció y hermana de uno de los sobrevivientes, comenta vía telefónica que el consulado de Guatemala le informó que el cuerpo de su esposo llegaría este lunes, pero no fue así. Se comunicó de nueva cuenta y le dijeron que estuviera pendiente para que le dieran más información. Está pegada al teléfono, pero hasta ahora no tiene noticias.

La Fiscalía General de la República informó que no se han identificado a 19 de las 55 personas fallecidas.

Las y los defensores de los derechos humanos han pedido al gobierno de México que tome muestras genéticas y no solo huellas dactilares para evitar que se conviertan en personas migrantes en calidad de desaparecidas.

Hasta ahora no se sabe con certeza en dónde se encuentran los cuerpos de las personas fallecidas lo que también preocupa a las organizaciones civiles debido a que no en todos los municipios existen las condiciones para que permanezcan en buen estado.

Insistieron a las autoridades en manera la información sobre este caso de manera transparente.

(Con información de aquinoticias)