El físico y doctor en Economía de la Energía Víctor Rodríguez Padilla, quien encabezará Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir del próximo 1 de octubre según la decisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo anunciada este lunes, ha sido un crítico añejo y severo de los esquemas de participación privada en el sector energético mexicano, a la vez que un partidario de la soberanía energética.
Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuestionó la reforma del 2008 que permitió que Pemex subcontratara actividades de exploración y producción de hidrocarburos a través de los llamados contratos incentivados, que fueron concebidos para que la estatal ampliara los trabajos en esas áreas con capital privado, que sería retribuido con la venta de los recursos desarrollados.
Ese año, durante el foro “Adquisiciones, contratos y obras públicas de Petróleos Mexicanos”, que se llevó a cabo en el Senado en el marco de la discusión de la reforma, Rodríguez dijo que la reforma sería desventajosa para Pemex, aduciendo que las petroleras privadas inflarían los costos del capital y sus ganancias a costa de la empresa estatal.
“Que el pago (de los servicios) sea en efectivo no quita en nada que el contratista pudiera llegar a ser el principal beneficiario del petróleo extraído mediante el reembolso de elevadísimas facturas presentadas a título de costos de producción. Las compañías petroleras internacionales son expertas en inventar y vender servicios a precio de oro, en particular, la asesoría de sus casas matrices”, expresó entonces.
Cabe recordar que hoy en día están vigentes contratos similares, denominados Contratos de servicios integrales de exploración y extracción (CSIEE) y recientemente Pemex anunció un acuerdo con Grupo Carso para el desarrollo del campo gasífero Lakach, en aguas profundas de las costas de Veracruz, según el cual la firma del empresario Carlos Slim invertirá 1,884 millones de dólares en el desarrollo y explotación del campo.
Víctor Rodríguez también criticó la reforma constitucional en materia energética concretada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto en el 2013 —y reglamentada en el 2014—, defendiendo sistemáticamente el punto de vista de que tenía el propósito de debilitar a Pemex para abrirle paso a las empresas privadas.
En enero del 2017, en medio de un fenómeno de desabasto de combustible que se vivió en algunas regiones del país meses antes de que se liberaran por completo los precios de la gasolina, Rodríguez Padilla acusó, justamente, que una causa fue la intención de la reforma de darle mayor espacio a los privados.
“Hubo un retiro por parte de la oferta (de combustible) de Pemex para que entren las importaciones del sector privado. (En lógica de la reforma) se necesita que Pemex se retire poco a poco y les ceda a los privados del espacio. El problema es que al gobierno se le pasó la mano” dijo entonces en un programa de la cadena Telesur.
Defensa de la soberanía energética
Como académico se ha dedicado al estudio de la seguridad energética, tema sobre el cual elaboró un análisis de caso para México que fue publicado en el 2018 por la sede subregional en el país de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
En una presentación hecha en el 2022 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM —donde participa como docente en el Diplomado Interdisciplinario de Derecho Energético—, teniendo fresca la crisis de precios en la energía en Europa y la invasión rusa a Ucrania, que agudizó los problemas de la región por su dependencia del gas ruso, defendió la necesidad de apostar por la soberanía energética.
Los países que ejercen un estricto control de sus fuentes de energía están mejor posicionados para proteger sus intereses nacionales y ejercer influencia económica y política internacional, mientras que las economías dependientes de las importaciones enfrentan riesgos geopolíticos”, dijo entonces.
Luego entonces, expresó su preocupación por la amplia participación de la gasolina importada en el mercado nacional, que todavía hoy bordea el 60% (aunque llegó a superar el 70% en el 2018) y manifestó su apoyo a la política del presidente López Obrador de regresarle al Estado mayor control sobre el suministro de combustibles y electricidad, mediante el rescate y fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también sobre los precios y tarifas.
(Con información de El Economista)