El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes una bienvenida con alfombra roja en Mongolia, que ignoró los llamados a detenerlo en virtud de una orden de arresto internacional por presuntos crímenes de guerra derivados de la invasión de Ucrania.

Se trata del primer viaje de Putin a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que ésta emitió la orden de detención en su contra en marzo de 2023.

El viaje pone a prueba la política de neutralidad del pequeño país asiático y el alcance de las instituciones internacionales.

El desplazamiento de Putin, que llegó a Mongolia el 2 de septiembre, se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial (el 85º aniversario de la batalla del río Khalkh, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas).

El 18 de marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, según la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitado los países que habían ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen de la CPI.

Mongolia firmó el tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro desde 2003.

El pasado junio, el país reafirmó su apoyo “inquebrantable” a esa corte, junto con otros 92 miembros.

La CPI y la Unión Europea han recordado al país asiático que está sujeto a las obligaciones que impone ser miembro de ese tribunal.

El Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establece que los Estados miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto entra en su territorio.

La CPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la “obligación” de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención.

En la práctica, la Corte Penal Internacional carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática.

La CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes.

Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de Mongolia a través del llamado “procedimiento de incumplimiento”.

Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal.

Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación.

El Kremlin dijo la semana pasada que no temía que el presidente Putin fuera detenido en Mongolia durante su visita oficial debido a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra y que el país asiático debía ejecutar.

“No, no estamos preocupados (…) Tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de Mongolia”, zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado si existían temores al respecto.

La organización Amnistía Internacional alertó que cualquier viaje a un Estado miembro de la CPI que no termine en un arresto alentará la actual línea de acción del presidente ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor de la CPI para procesar a los presuntos criminales de guerra.

“Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia. Si Mongolia proporciona al presidente Putin un refugio seguro, aunque sea temporal, se convertirá en la práctica en cómplice de la garantía de la impunidad para algunos de los crímenes más graves según el derecho internacional”, dijo Altantuya Batdorj, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Mongolia.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en una carta abierta que Mongolia está “legalmente obligada” a detener a Vladimir Putin.

(Con información de El Universal)