La ONU ha dado a conocer este martes un demoledor informe sobre las prácticas del Gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio, en las que el ente electoral dio por ganador al actual presidente chavista sin mostrar las actas de votación, por lo que resulta más que evidente que la victoria fue para el candidato opositor, Edmundo González. En un informe ejecutivo que ha tenido en adelanto este periódico, la misión en Venezuela de la organización internacional asegura que el Estado venezolano intensificó
su modalidad “más dura y violenta”, de forma “consciente y planificada”. “Acciones encaminadas a desmovilizar a la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población”, se lee en el documento.
Los funcionarios de la ONU creen que esto marca “un hito en el deterioro del Estado de derecho”. Los poderes públicos abandonaron cualquier apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Gobierno de Maduro, como ocurrió con el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha violado todo su procedimiento interno al no publicar las actas. Su presidente es Elvis Amoroso, amigo personal de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores; sus declaraciones no han dejado lugar a dudas, ha insistido en criminalizar a los antichavistas y en mostrarse abiertamente alineado con el oficialismo. Lo mismo ha ocurrido con la Fiscalía, que ha detenido a más de 2.000 personas a las que no ha llevado a juicio ni pueden defenderse al no haber expedientes, más allá de que pese sobre ellos una vaga acusación de “terrorismo”.
“La misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan una continuidad de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones no fueron el resultado de hechos aislados o aleatorios, sino que forman parte de una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del presidente Maduro”, dice la ONU.
El texto de la ONU analiza el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023, cuando el Gobierno, la oposición y Estados Unidos todavía negociaban una fecha electoral, hasta el 31 de agosto de este año, más de 30 días después de las elecciones. “Ha habido una modalidad de represión selectiva para tratar de acallar a la oposición política. En ese sentido, vimos que apuntaban al objetivo de Vente Venezuela —el partido de María Corina Machado—, de los personajes clave para la campaña como el encargado de comunicaciones, encargado de encuestadores: todas estas personas que acabaron refugiados en la Embajada de Argentina. El objetivo era quitar todo apoyo a Maria Corina. Tampoco dejaron presentarse a Corina Yoris. Después hostigaron a Edmundo González. Y en algunos casos detuvieron a todas esas personas que prestaron apoyo logístico durante la campaña: el camión desde donde hablaban, hoteles, restaurantes…”, cuenta desde Ginebra la argentina Patricia Tappatá, experta de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos en la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tappatá cuenta que hay por parte del chavismo una violación continua del debido proceso. “Todas las detenciones se producen sin orden de aprehensión, no se identifica la fuerza que los detiene, no se dice a qué lugar son llevadas las personas detenidas. Según la legislación venezolana, a las 48 horas las personas tienen que ser presentadas en una audiencia. Después del 28 de julio, casi todas las detenciones son arbitrarias, no se informa a dónde es trasladado el detenido, las personas no pueden designar abogado. El Gobierno de Venezuela extrema los límites de lo que está permitido”, añade. La investigadora también documenta en este informe un gran número de casos de violencia sexual con detenidos, mujeres y hombres.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos está investigando desde 2019, el año en que la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó el país, habló con Maduro y con las víctimas, y dejó instalada una oficina con su equipo. Al igual que la Corte Penal Internacional, la misión ha concluido que hay evidencias para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Sus expertos documentaron patrones de desapariciones forzadas de corta duración, torturas, malos tratos y violencia sexual contra prisioneros políticos del chavismo y también dejaron por sentado que el poder judicial es parte de la maquinaria represiva del Estado venezolano.
Semanas atrás, cuando el Tribunal Supremo de Justicia —en manos del chavismo— presentó el resultado del supuesto peritaje técnico realizado a la documentación entregada por el CNE para convalidar el cuestionado triunfo de Maduro, la misión alertó en redes sociales sobre la falta de independencia de ambas instituciones. “Nicolás Maduro ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente y Diosdado Cabello”, dijeron.
Pese a los intentos por bloquear la continuidad del trabajo de la misión, con control de los votos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta ha renovado su mandato dos veces, en 2020 y 2022. Esta semana vuelve a someter a votación la continuidad de su mandato. En febrero de este año Maduro expulsó a los 13 funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de la ONU que hacían un trabajo complementario en el seguimiento de la situación en Venezuela que servía a la misión. Les dieron 72 horas para salir y los acusaron de ser un “bufete” de “grupos particulares” y de “los golpistas”, como se suelen referir a la oposición.
En esos días, el chavismo había cruzado una línea roja con el arresto, justo cuando iba a abordar un avión en Maiquetía, de Rocío San Miguel, destacada activista y especialista en defensa a la que han involucrado en la enésima conspiración denunciada por el Gobierno. Eran las primeras señales del endurecimiento de la represión que vendría. Dos meses después de eso, durante una visita del fiscal de la CPI Karim Khan al país, Maduro invitó a la misión a volver, algo que en la práctica no ha ocurrido.
(Con información de sus El País)