Ciudad de México. La publicación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 abrió una discusión que va más allá de las metas numéricas de contratación. Organizaciones y especialistas advirtieron que el reto real no es únicamente conseguir más plazas, sino garantizar que quienes ingresen a un empleo encuentren condiciones dignas, accesibles y sostenibles. En esa línea, la Fundación Inclúyeme llamó a no reducir la inclusión a estadísticas, sino a evaluar cómo viven las personas con discapacidad dentro de sus espacios de trabajo.

El nuevo programa, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo, busca combatir discriminación, ampliar inclusión laboral y facilitar el acceso a la seguridad social. Sin embargo, la subdirectora de Vida Adulta de la Fundación Inclúyeme, Sherezada Martínez Fernández, planteó que el diseño todavía requiere más acompañamiento a empresas, sensibilización institucional y mecanismos claros que eviten experiencias laborales excluyentes o francamente hostiles.

El empleo no basta por sí solo

La crítica central apunta a una idea simple: tener trabajo no garantiza inclusión. Un centro laboral puede contratar a una persona con discapacidad y al mismo tiempo mantener barreras de comunicación, infraestructura inaccesible, discriminación cotidiana o desconocimiento total sobre apoyos razonables. Por eso, especialistas insisten en que el indicador decisivo no debe ser sólo cuántas personas fueron contratadas, sino en qué condiciones trabajan, cuánto tiempo permanecen y qué oportunidades reales tienen de crecer.

El señalamiento también alcanza al sector público. De acuerdo con testimonios recogidos por la propia organización, incluso en dependencias que promueven la inclusión persisten dificultades para atender adecuadamente a personas sordas, con ceguera o con otras condiciones que exigen ajustes concretos. Eso evidencia que el problema no está únicamente en la intención de contratar, sino en la preparación institucional para acompañar el proceso.

Lo que sigue para el programa

El documento oficial plantea una ruta de política pública que, en papel, busca ampliar derechos. No obstante, su efectividad dependerá de cómo se traduzca en capacitación, reglas para empleadores, mecanismos de evaluación y coordinación con empresas y organizaciones civiles. En ausencia de ese puente, existe el riesgo de que la política termine generando desgaste tanto en personas contratadas como en centros de trabajo que no saben cómo adaptar sus prácticas.

El debate también toca un punto de fondo: hablar de empleo inclusivo es hablar de derechos humanos, no de una concesión. Eso obliga a repensar desde formatos de entrevista y procesos de reclutamiento hasta accesibilidad física, herramientas tecnológicas y cultura interna. El cambio, por tanto, no es cosmético; implica modificar la estructura cotidiana del trabajo en México.

Una discusión con impacto nacional

La relevancia del tema rebasa a la capital. En entidades con menor infraestructura, como varias del sur del país, el desafío es todavía mayor porque la oferta laboral formal ya es de por sí limitada. Si el programa federal no aterriza con recursos, lineamientos y acompañamiento suficientes, las desigualdades regionales podrían ampliarse. Eso vuelve indispensable que la STPS no sólo promueva metas, sino también criterios de calidad laboral.

El nuevo programa abre una oportunidad importante, pero también deja claro que la inclusión no puede medirse únicamente con vacantes ocupadas. La discusión de estos días apunta hacia una conclusión firme: la dignidad laboral debe ser el centro de la política, no un efecto secundario.

Fuente: El Sol de México, STPS