San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz conforman el llamado ‘Triángulo de las Bermudas’ de la muerte, donde la gente simplemente desaparece.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP .- Los potosinos han vivido en carne propia, con toda su crueldad, la saña de los grupos del crimen organizado y la colusión de gobernadores y funcionarios, que han convertido a esta entidad, junto con Tamaulipas y Veracruz, en una suerte de “Triángulo de las Bermudas” de la muerte.

La gente simplemente desaparece.

El registro de potosinos desaparecidos (tanto el oficial como el elaborado por las familias), particularmente a partir de 2009, incluye casos ocurridos en Tamaulipas, donde las personas se encontraban cuando sus familiares o amigos perdieron contacto con ellas.

Así pasó con los ocupantes del autobús de pasajeros que en marzo de 2010 salieron de Xilitla con destino a la frontera norte, a donde nunca llegaron. Jornaleros de Querétaro y de San Luis Potosí viajaban en ese camión, que apareció posteriormente en una carretera de Coahuila, vacío.

Ese “Triángulo de las Bermudas” es un corredor que comienza en Tamaulipas, cruza parte de San Luis (Tamuín, Ciudad Valles, Ébano, Tanquián de Escobedo, Tancuayalab) y sigue por Pánuco (Veracruz), atravesando la Huasteca que abarca los límites entre estos estados.

Ese trayecto fue recorrido infinidad de veces por la familia de Ignacio Pérez, quien el martes 14 de agosto de 2012 y junto a los jóvenes Aldo Pérez, José Arturo y Alexis Domínguez Pérez y la niña Milynali Piña viajaba en una camioneta GMC Sierra Denali modelo 2008 tras hacer compras en Brownsville. Todos desaparecieron en Ciudad Mante, cuando hacían el trayecto de regreso a Tamuín.

Cinco años después, Edith Pérez —hermana de Ignacio, madre de José Arturo y Alexis, tía de Milynali y Aldo, y portavoz del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí— recuerda en entrevista que se preparaba con su esposo para ir a casa de sus papás —donde esperarían a los viajeros y se reuniría a cenar toda la familia— cuando encontró un último mensaje de voz en su celular:

“Mi hijo José Arturo todo el tiempo me estaba llamando, de Brownsville, de Matamoros… A las 6:36 de la tarde me vuelve a llamar, me dice que iban casi llegando a Mante; se oían muy contentos, escuché las risas de todos. Hablo con mi hermano, me dice que la carretera está muy tranquila, que ya casi llegaban y que fuéramos preparando la cena, las enchiladas huastecas con cecina que toda la gente de aquí que sale de viaje quiere comer cuando vuelve. Cuando iba a salir de mi casa tenía un mensaje de mi hijo a las 6:58, a los pocos minutos de que colgamos. Me preguntaba si le había pagado la inscripción de la escuela.”

Cuando Edith y sus familiares vieron que pasaba el tiempo y los viajeros no llegaban, comenzaron a llamar a los teléfonos celulares de Ignacio y los muchachos, pero ya estaban fuera de servicio.

“Cuando vimos que pasaban de la 9:30 o 10 de la noche y no llegaban, comenzamos a llamar al Ejército, Tránsito, Policía Federal para que los buscaran. En esos momentos pensábamos que habían sufrido un accidente, pero las autoridades nos comenzaron a decir que Mante estaba muy peligroso y que pudieron haber sido secuestrados, que fuéramos a denunciar a Mante”, recuerda Edith.

A las cinco de la mañana del día siguiente, su esposo había arribado a Ciudad Mante. Acordaron esperar algunas horas más —”a que abrieran los bancos por si nos llamaban para pedirnos rescate, pero no pasó nada”— y finalmente se denunció la desaparición de los cinco integrantes de la familia.

Han pasado casi cinco años y la familia sigue buscando, pero también padeciendo la abulia institucional.

Como ha sucedido ya en otras regiones del país laceradas por el fenómeno, después de años de una búsqueda callada, marcada por el desconocimiento y el miedo, en los meses recientes el hartazgo ha llevado a los familiares a exigir resultados e información al gobierno de San Luis Potosí, mientras se consolidan organizaciones y colectivos que mantienen la esperanza de encontrar a aquellos a quienes dejaron de ver.

Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí es uno de estos colectivos. Actualmente agrupa a 60 familias, en su mayoría de la zona Huasteca, que buscan a 87 personas. Por lo menos 30 de estos casos ocurrieron en Tamaulipas.

El gobierno del potosino priista Fernando Toranzo, en cuyo sexenio se dieron la mayoría de las desapariciones, desoyó e ignoró a estas familias, como lo hicieron las autoridades tamaulipecas desde el periodo de Eugenio Hernández Flores.

DATOS QUE MIENTEN

A finales de 2015 comenzó un acercamiento más organizado ante la Procuraduría de Justicia de San Luis y, a raíz de las presiones, en diciembre de 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) elaboró y publicó un Informe especial sobre personas desaparecidas en el que contó 60 víctimas de ese delito. Este dato está basado en información de la procuraduría potosina (PGJE) y de familiares.

El recién publicado Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en tanto, asienta que San Luis es el sexto estado con más personas inhumadas clandestinamente, después de Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Colima.

El periodista potosino Victoriano Martínez, especializado en transparencia, presentó dos distintas solicitudes de información ante la procuraduría sobre fosas clandestinas, cuyas respuestas fueron publicadas en el portal www.proyectotabano.com.mx. En entrevista, se refiere a la discordancia en las cifras manejadas por la PGJE:

“Da la impresión de que el derecho de acceso a la información pública, antes de ser atendido, es sometido a una valoración de lo que a los funcionarios en turno les conviene dar a conocer: Mientras en marzo de 2015, en pleno inicio de campañas electorales, se minimiza la situación de las fosas clandestinas y sólo se reportan seis con 14 cadáveres, el 21 de septiembre de 2016, sin comicios a la vista y antes de cumplir el primer año de gobierno (del actual mandatario Juan Manuel Carreras), cuando la carga fuerte de los datos recae en el antecesor (Fernando Toranzo), parecieran abrir información más real: Reportan 89 fosas con 124 cadáveres.”

No obstante, dice Martínez, “en un momento similar, pero ante una instancia como la CNDH y para un documento con un alcance de difusión como el Informe Especial, los datos tienen que ser otra vez ‘suavizados’, seguramente para proteger la imagen del estado, sobre todo cuando el gobierno de Juan Manuel Carreras López se ha caracterizado por minimizar la situación de inseguridad, que ha aumentado.”

Por Narcotráfico en México