CIUDAD DE MÉXICO – Para las mujeres detenidas en México por las fuerzas de seguridad es normal ser víctimas de abusos sexuales que tienen como objetivo lograr confesiones, según una investigación realizada por Amnistía Internacional.

La organización entrevistó a 100 mujeres recluidas en centros de detención en todo el país y encontró que 33 de ellas afirman haber sido violadas y 72 dijeron haber sido sometidas a algún tipo de acoso o abuso sexual o psicológico durante el proceso de detención e interrogatorio.

De las 100 mujeres, 66 presentaron denuncia. Solo en 22 casos se abrió una investigación y la organización afirma en su informe que “no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones”.

Esos datos muestran, para Amnistía Internacional, que al no realizar investigaciones adecuadas ni exigir responsabilidades se transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que “la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios” y calificó la realidad como “un cuadro absolutamente escandaloso”.

“Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, añadió Guevara-Rosas.

El gobierno de México, según la organización, no colaboró ni aportó información. Tampoco ha emitido ninguna respuesta a las acusaciones.

Los abusos consisten, según el informe de Amnistía Internacional, en “tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio” y suelen centrarse en mujeres de entornos marginados y durante operativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.

No se trata de casos aislados: los datos se corresponden con una tendencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 7048 denuncias de tortura entre 2010 y 2015, y solo emitió 62 recomendaciones respecto a este tipo de hechos.

La valoración de Amnistía Internacional coincide con la del relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que, en su último informe sobre México, fechado en diciembre de 2014, escribió que la tortura en México es “generalizada”.

Y todo esto sucede en un contexto donde parte de la población no está sensibilizada al respecto.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo gubernamental que se encarga de evitar la tortura en el país, señaló el lunes, durante la firma de un convenio en la capital, que la tortura permanece, además, “como algo inevitable en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia”.

También dijo que según una investigación oficial sobre la tortura en el país, “casi una tercera parte de la población encuestada justifica la tortura bajo ciertas condiciones, la mitad aprueba la tortura como castigo cuando se comete un delito”.

En un hecho sin precedentes, en abril el secretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, pidió disculpas tras la aparición de un video en el que se ve cómo un grupo de policías y militares torturan a una mujer.

En junio, un informe de la organización Justice Initiative, con sede en Nueva York y que lleva más de una década trabajando en México, dijo que desde el punto de vista jurídico la pauta de abusos que se ve en México equivale a crímenes contra la humanidad.

Parte del problema de la justicia mexicana, según Amnistía Internacional, se basa en que los jueces siguen valorando más las pruebas presentadas por la acusación pública y no excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

Actualmente, el congreso mexicano debate una Ley General sobre la Tortura, donde uno de los puntos claves de la discusión es el concepto de inadmisibilidad, que consiste en que las pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos no pueden ser utilizadas para acusar a nadie más que a un supuesto torturador.

La ONU pidió el domingo, durante la celebración del Día Internacional contra la Tortura, que el gobierno de México cree una institución nacional autónoma de peritos y forenses imparciales que supere las “limitaciones” actuales a la hora de proteger los derechos de las víctimas.

Mientras tanto, instituciones de justicia internacionales ya han tomado cartas en el asunto en un contexto de gran letalidad y desproporción del uso de la fuerza en México, denunciado por The New York Times, y que acusa al Ejército de las torturas.

El 29 de diciembre de 2009 tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras recurrir ante las instituciones estatales, federales y militares, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su informe confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: una organización sin fines de lucro en Baja California recopiló más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército mexicano desde 2006 a 2013. La corte aún no ha respondido a la solicitud.