TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (OEM-Informex).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto que de 2006 a 2012 el estado de Chiapas -el de mayor rezago social y económico del país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)-, se convirtió en la segunda entidad con el endeudamiento más acelerado, con un débito superior a los 20 mil millones de pesos.
De acuerdo con el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, se endeudó a un ritmo vertiginoso, solo que con un crecimiento económico e índices de desarrollo claramente inferiores.
En diciembre de 2006 Chiapas tenía una deuda de 881 millones de pesos y en el 2012 ya era superior a los 20 mil millones, lo que significa un promedio de tres mil 324 millones cada año del pasado sexenio, especifica la ASF; la deuda chiapaneca, señala este órgano y el Coneval, no ha servido para mitigar la lacerante pobreza en la entidad.
La ASF detectó en la Cuenta Pública de 2010, en pleno periodo de endeudamiento, un subejercicio de 213 millones 745 mil 600 pesos, con posibles quebrantos por 52 millones 594 mil pesos.
Pieza clave en todo el caso es el senador Zoé Robledo Aburto, vinculado directamente con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya que el legislador avaló la deuda pública de Chiapas cuando se desempeñaba como presidente del Congreso local.
Dejó las filas del PRD en busca de la protección del político tabasqueño, en quien ahora confía lo haga candidato de Morena al gobierno de Chiapas para competir en las elecciones del 2018.
Documentos constatan que el 15 diciembre de 2011 Robledo Aburto avaló el último paquete de deuda de Chiapas, que contrató con la banca de desarrollo, por cinco mil 469 millones de pesos los cuales se destinaron al financiamiento de inversiones, sin especificaciones de fondo y con plazos de vencimiento hasta por 20 años.
Los diputados federales chiapanecos Alberto Palomeque, del PAN, y Jorge Álvarez, del PVEM, exigieron al actual senador que asuma la responsabilidad que le corresponde en la mega deuda que avaló como presidente del Congreso de Chiapas, y como ente obligado que era, para pedir cuentas a la Contraloría estatal.
La modificación al artículo 26 establece que la aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad, “de modo que si apareciera alguna anomalía, con motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”, es decir, un pasaporte de impunidad, condenaron los diputados.
En mayo de 2011, desde el Congreso, el senador Robledo Aburto operó para blindar el sobreendeudamiento al impulsar la aprobación de una reforma a la Constitución local que impidió fiscalizar o investigar los gastos ordenados por el gobernador Juan Sabines Guerrero.
Por El Sol de México