Nueva York. Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aceptó la imposición de cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con documentos presentados por su defensa ante la corte federal que lleva su caso. Sus abogados pidieron que, debido a su edad y estado de salud, no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y pueda cumplir la condena en un centro con atención médica.

El movimiento legal ocurre antes de que se dicte sentencia formal y marca un giro relevante en uno de los procesos criminales más observados por México y Estados Unidos. La defensa sostiene que Zambada reconoce las consecuencias de su caso y busca condiciones penitenciarias que permitan atender padecimientos médicos durante el resto de su vida.

Distancia con El Chapo

Uno de los puntos centrales del planteamiento de la defensa es evitar que Zambada sea trasladado a un penal como ADX Florence, donde se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los abogados argumentan que el perfil, edad y condiciones de salud del acusado ameritan una recomendación distinta, enfocada en atención médica y no en aislamiento extremo.

El caso tiene una carga simbólica fuerte. Durante décadas, Zambada fue considerado uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano y uno de los operadores más difíciles de capturar. Su proceso en Estados Unidos reabre preguntas sobre cooperación bilateral, extradiciones, información judicial y el futuro de las estructuras criminales ligadas al Cártel de Sinaloa.

Impacto para México

La aceptación de cadena perpetua no cierra por completo el expediente político y judicial. En México aún persisten dudas sobre las circunstancias de su entrega a autoridades estadounidenses y sobre el alcance de la información que pueda aportar en procesos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción.

El desenlace también llega en un momento de alta presión para ambos gobiernos por la operación de grupos criminales transnacionales. La sentencia, cuando se concrete, será leída no solo como castigo individual, sino como parte de una disputa más amplia por el control del relato judicial alrededor del narcotráfico mexicano.

Fuentes: La Jornada, Infobae, Telemundo.