Estados Unidos dio un espaldarazo a su embajador en México, Ken Salazar, tras la polémica por sus comentarios sobre la reforma judicial y la “pausa diplomática” anunciada por Andrés Manuel López Obrador como respuesta a su “actitud injerencista”. Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, subrayó este miércoles que Washington tiene “un profundo respeto por la soberanía de México”, pero respaldó las declaraciones de Salazar sobre el “riesgo” que representa la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. “Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”, señaló Nichols. El presidente mexicano matizó en La Mañanera: dijo que la “pausa” sólo aplica para la Embajada estadounidense y aseguró que las relaciones bilaterales continúan. La Casa Blanca, sin embargo, ha dejado claro que su oposición a la propuesta de ley va más allá de un posicionamiento de su representante y es compartida por todo su aparato diplomático.
“Como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortaleza al Poder Judicial”, se lee en la respuesta de la Embajada de Estados Unidos al extrañamiento diplomático que la Cancillería mexicana dio a conocer el viernes pasado. La nota de la legación estadounidense fue enviada el mismo viernes, pero fue dada a conocer hasta el martes en las redes sociales del embajador, cuando López Obrador anunció la “pausa” en su relación con Salazar. Nichols se hizo eco del mensaje de su representante diplomático e hizo votos para que ambos países trabajen “juntos” en “promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte”. Estados Unidos afirma que la iniciativa de ley, propuesta por el presidente mexicano y respaldada por su mayoría en el Legislativo, es “un riesgo para la democracia en México” y una “amenaza” para la integración económica de la región, porque merma la confianza de los inversores en el Estado de Derecho.
López Obrador deslizó en su conferencia de prensa matutina que la oposición de Estados Unidos probablemente responda a intereses económicos, al asegurar que “a veces lo que no suena lógico, suena a metálico”. El presidente afirmó que “la relación con los Gobiernos continúa” y que la “pausa”, un concepto que ha acuñado tras encontronazos diplomáticos con otros países, aplica solo para Salazar y el embajador canadiense Graeme C. Clark, quien no hizo un pronunciamiento tan tajante, pero admitió la semana pasada que había “preocupaciones” de los inversores de Canadá sobre la reforma.López Obrador habla en la conferencia matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 26 de agosto de 2024. Foto: Cuartoscuro | Vídeo: EPV
Al anunciar la pausa el martes, López Obrador también dijo que su Gobierno “necesitaba darse un tiempo” también con el Departamento de Estado. Como el concepto de “pausa” no es habitual en las relaciones internacionales ni en la política exterior de México, Ottawa también ha fijado su postura frente a los reclamos del presidente mexicano. El Gobierno de Justin Trudeau dijo a Reuters que no tiene ningún interés en intervenir en la política interna y que valora su relación con México, “un aliado clave, amigo y vecino”.
Ha habido otras señales de que las diferencias sobre la reforma judicial van más allá de un pleito entre el presidente mexicano y el embajador estadounidense, y de que es una preocupación compartida por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado expuso en un comunicado firmado por representantes de ambas formaciones que no ve con buenos ojos el intento de “socavar la independencia y la transparencia” del Poder Judicial. Los señalamientos no se limitan a ese proyecto de ley. “Nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), cuya revisión está programada para 2026″, manifestaron.
Morena, el partido gobernante y su mayoría en el Congreso, ha dejado claro que no va a ceder antes las presiones internacionales, aunque también ha habido visos de cautela. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pidió a Ricardo Monreal, alfil de López Obrador en el Legislativo y coordinador de la bancada oficialista en la Cámara baja, que no se aprobara la reforma por la vía rápida y que tuviera especial cuidado en respetar el proceso legislativo para no dar pie a reclamos o posibles apelaciones. Monreal había adelantado el fin de semana que la aprobación del dictamen podía darse el 1 de septiembre, cuando se instala la nueva legislatura, pero dijo que la sugerencia de Sheinbaum de “no precipitarse” era atinada. El bloque morenista y sus aliados ya lograron que el proyecto fuera aprobado en comisiones el pasado lunes, tras una maratónica sesión de unas 10 horas.
La reforma judicial ha tensado la relación con Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México, y ha abierto un frente más con el Poder Judicial, que ha anunciado nuevos actos de protesta en contra de la vulneración de la separación de poderes y los derechos de su base trabajadora. El afán de López Obrador de aprobar una batería de reformas al final de su mandato ha provocado turbulencias en un traspaso de poder a Sheinbaum que se anticipaba terso y sin mayores contratiempos. La primera mujer en alcanzar la presidencia de México tomará posesión el 1 de octubre. Estados Unidos saldrá a las urnas en noviembre próximo.
(Con información de El País)