La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), inició carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, de las cuales la que es contra el aspirante del PRI se judicializará.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aportó información contra Samuel García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.
Sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que “no hemos presentado ninguna denuncia formal aún” en el caso de Samuel García, pues las investigaciones a su cargo ni siquiera han concluido.
“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.
En el caso del priista Adrián de la Garza, se abrió la carpeta correspondiente, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León. Lo anterior, señaló la FGR, “significa la compra y coacción del voto”.
“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.
“La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”, detalló la dependencia.
La FGR mencionó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.