El Gobierno federal presentó los alcances de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar el uso de transferencias y cobros desde el teléfono celular, reducir la dependencia del efectivo y facilitar que pequeños negocios ingresen al sistema financiero formal.
La propuesta enviada al Congreso como parte del paquete económico para 2027 aprovechará infraestructura ya disponible en México, principalmente el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma Cobro Digital (CoDi). El objetivo oficial es que consumidores y comercios puedan efectuar operaciones inmediatas mediante códigos QR, sin necesidad de crear una red completamente nueva.
Pagos rápidos y sin comisiones para pequeños comercios
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que un establecimiento podrá colocar un código QR estático en el mostrador. El cliente lo escaneará con la aplicación de su banco, introducirá el monto, verificará los datos y autorizará la transferencia. Otra opción permitirá que el propio comercio genere un código con la cantidad exacta de la compra.
La operación se realizaría a través de SPEI y CoDi, con confirmación prácticamente inmediata. De acuerdo con la exposición gubernamental, estos mecanismos no cobrarían comisión al usuario ni al pequeño negocio. Esa diferencia es importante para tiendas, prestadores de servicios y trabajadores independientes que hoy evitan terminales bancarias por los costos asociados.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la iniciativa no pretende prohibir el efectivo. El propósito, afirmó, es ofrecer alternativas sencillas que mejoren la seguridad, reduzcan fugas de recursos y ayuden a formalizar actividades económicas. El cambio sería gradual y comenzaría en sectores donde circulan grandes cantidades de dinero en efectivo, como gasolineras y peajes carreteros.
Un país donde todavía domina el efectivo
El diagnóstico presentado por el Gobierno señala que alrededor de 85 por ciento de las operaciones menores a 500 pesos todavía se realiza en efectivo. Al mismo tiempo, cerca de 18 millones de personas adultas no tienen una cuenta bancaria. La brecha muestra que disponer de tecnología no garantiza por sí solo que la población la adopte.
Por esa razón, la ley plantea simplificar la apertura remota de cuentas y facilitar el acceso a servicios financieros desde el celular. La inclusión no dependerá únicamente de habilitar códigos QR: también requerirá conectividad, educación financiera, aplicaciones accesibles y protección efectiva contra fraudes, robo de identidad o transferencias no reconocidas.
La iniciativa también puede ayudar a que microempresas construyan un historial de ingresos y accedan posteriormente a otros productos financieros. Sin embargo, el avance de la digitalización deberá cuidar a quienes viven en comunidades con conectividad limitada o prefieren operar en efectivo, para evitar que la modernización genere nuevas barreras.
El Congreso continúa el análisis
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ya abrió mesas con funcionarios y representantes empresariales. El proyecto se mantiene en proceso legislativo, por lo que todavía puede recibir modificaciones antes de ser dictaminado y votado.
Según la información expuesta en esas reuniones, la propuesta no modifica por sí misma la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado ni el Código Fiscal de la Federación. Su enfoque es transversal: promover la adopción de medios electrónicos y reducir obstáculos para contratar servicios financieros a distancia.
El Gobierno prevé que algunas instituciones comiencen a ofrecer las nuevas facilidades antes de El Buen Fin, aunque los plazos definitivos dependerán de la aprobación legislativa y de las reglas de implementación. El reto será convertir una infraestructura técnicamente sólida en una herramienta cotidiana, confiable y fácil de usar para millones de personas.
La discusión rebasa la forma de pagar una compra. También involucra seguridad, competencia bancaria, trazabilidad de recursos, inclusión y derechos de los usuarios. La eficacia de la ley se medirá por su capacidad para reducir costos y ampliar opciones sin excluir a quienes todavía dependen del dinero en efectivo.
Fuentes: Expreso Chiapas, Canal del Congreso, Presidencia de la República, La Jornada.