La Guardia Nacional dependerá por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así lo ha anunciado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de este lunes. El mandatario ha adelantado que emitirá un decreto para que el Ejército asuma el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad, creado al inicio de su presidencia como una corporación de carácter civil, por decisión del Congreso. Se trata del último guiño de López Obrador hacia las Fuerzas Armadas, un nuevo choque con la oposición en el Legislativo y un giro que refuerza la militarización de las tareas de seguridad pública en el país.
“Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, ha declarado López Obrador. El presidente ha dicho que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para quitar el mando civil, pero que emitirá el decreto para que se aplique el cambio en la corporación cuanto antes. “Quiero que sea la Sedena la que se haga cargo”, ha señalado.
El decreto consolida la intención original del Gobierno para que la Guardia Nacional tenga un mando militar de forma permanente. Se trata de la mayor corporación policial de México, con más de 114.000 efectivos, de acuerdo con datos oficiales publicados a principios de este año. El anuncio quita el control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y supone la mayor apuesta militar en materia de seguridad del sexenio.
La Guardia Nacional se creó en 2019 y un artículo transitorio permite que el presidente eche mano de forma “extraordinaria” de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años. El acuerdo original dictaba que la corporación tuviera un mando civil, una de las condiciones de la oposición para dar luz verde a la conformación de la corporación. Cuestionado por ir en contra de lo que se había aprobado en el Congreso, el mandatario ha justificado que su actuación está dentro de los márgenes de la ley y que es un cambio necesario para entregar “buenas cuentas” contra la crisis de violencia e inseguridad que azota al país desde hace casi dos décadas y para evitar que “se eche a perder”, en alusión a la extinta Policía Federal.
“Tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”, ha reclamado el presidente. El bloque gobernante tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero tiene que negociar con los partidos opositores para alcanzar el umbral de dos tercios de los votos para aprobar reformas constitucionales. Eso ha frustrado algunas de las enmiendas prioritarias para el Gobierno. Su uso no suele ser común para asuntos de esta magnitud, pero López Obrador ya había echado mano de decretos presidenciales para, por ejemplo, quitar el control de las aduanas al fisco y entregarlo a las Fuerzas Armadas, uno de los actores más beneficiados por su Administración.
El Ejército se ha convertido en un cajón de sastre para el Ejecutivo y ha asumido casi todos los proyectos insignia del Gobierno de López Obrador, desde la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y de tramos del Tren Maya hasta el reparto de vacunas contra la covid. La militarización de las tareas de seguridad ha sido especialmente criticada por el historial de reclamos de violaciones de derechos humanos y la falta de transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. En las últimas tres décadas, el Ejército no había acumulado tanto protagonismo en la vida pública del país como ahora.
Antes de asumir el poder, el mandatario se pronunciaba a favor de sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles, pero poco a poco ha virado hacia una política en la que su gobernabilidad depende en gran parte de las Fuerzas Armadas. El contraargumento del Ejecutivo federal y de varios Gobiernos estatales es que no hay forma de combatir la inseguridad solo con policías civiles, ya sea por carencias operativas, logísticas o corrupción. La presencia de militares es solicitada por el grueso de la población en las regiones más afectadas por la violencia, que ha visto como las autoridades locales a menudo son rebasadas por el poder de fuego y plomo de los grupos criminales.
López Obrador también ha adelantado que hará una restructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente ha dicho que está evaluando si echará mano de otro decreto, de cambiar el reglamento de la ley o de impulsar una reforma a la ley de Administración Pública. “No se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”, ha argumentado el mandatario, que ha elevado el asunto al punto más alto de su lista de prioridades de cara a las próximas semanas.
(Con información de El País)