Aunque México tiene instrumentos legales similares a los mejores modelos mundiales, la ejecución no ha sido efectiva

Rechazo. En junio pasado, la Coparmex se manifestó para exigir un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, pero en contra de que los empresarios fueran obligados a presentar la declaración 3de3.

CIUDAD DE MÉXICO. En el papel, México tiene instrumentos legislativos similares a los mejores modelos mundiales en el combate a la corrupción, tanto en la integración de las aristas que involucra ese delito, como en los años de cárcel y multas a aplicar; sin embargo, la efectividad en su ejecución está lejos de los resultados obtenidos por naciones como Rumania, de las más recientes en adherirse a esta lucha.

Los modelos de legislación mundial muestran que México tiene leyes similares a las de Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Finlandia, Japón, Reino Unido, Alemania y China, naciones que se ubican en los primeros lugares mundiales en la lucha contra la corrupción, pero hay diferencias fundamentales.

Entre esas diferencias está la ética de sus políticos, empresarios y sociedad civil, que son intolerantes a los hechos de corrupción, lo que ha llevado a políticos japoneses a suicidarse para no enfrentar la vergüenza pública por ser descubiertos en actos de este tipo; la transparencia absoluta de los ingresos y riqueza de todos sus habitantes, en un sistema público de consulta, como ocurre en Dinamarca y Noruega.

El acatamiento de las decisiones de los fiscales anticorrupción para encarcelar a los corruptos, sin intentos políticos por llegar a negociaciones; el cobro efectivo de las multas millonarias y en casos extremos, como ocurre en Singapur y Hong Kong, China, la aplicación de la pena de muerte.

Protagonista de la noticia mundial en las últimas semanas, Rumania es un país que tiene antecedentes públicos de las prácticas de corrupción en que incurrió su sociedad, pero como parte de los requisitos para ingresar a la Unión Europea, debió combatir este delito.

Sus leyes castigan todo tipo de actos de corrupción, con multas y/o años de cárcel, que van desde uno hasta diez años, con agravantes y atenuantes, incluso tiene una ley que permite reducir 30 días de condena por cada obra científica o literaria que un prisionero realice, lo cual ha generado también corrupción, pues, de acuerdo con información de las instancias judiciales rumanas, en 2014 los prisioneros produjeron 94 libros y, en 2015, la producción de obras científicas y literarias llegó a 340, pero se ha descubierto que en algunos casos se paga a académicos en universidades y se compran las obras.

La esencia de la efectividad en el combate a la corrupción en Rumania, de acuerdo con el reporte más reciente de la observación de Naciones Unidas, es que la institución autónoma que persigue este delito ha llevado a la cárcel a políticos, futbolistas, empresarios y todo tipo de personajes involucrados con estos hechos, a quienes no les brinda trato preferente alguno.

El castigo que aplica Rumania a los corruptos es similar a los parámetros mundiales, pero, a inicios de este mes, el gobierno aprobó una reforma para atenuar las penas y fijar un monto superior a los 44 mil euros de daño al erario para ser castigado con prisión, y sacar del catálogo algunos delitos considerados menores.

Esa decisión generó una protesta social, a partir de la inconformidad expresa de la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte de la Dirección Nacional de la Lucha contra la Corrupción y que integra a la Agencia Nacional de Inteligencia, que son instituciones autónomas y con un fuerte respaldo ciudadano.

De acuerdo con los estudios constantes que realizan la ONU y la OCDE, Dinamarca es un país completamente libre de corrupción; de hecho, no tiene un sistema de combate a este delito, pero cuenta con una cultura de ética política que tiene una supervisión constante de los ciudadanos; hay una cultura arraigada de que el pago de impuestos y el cuidado del erario es responsabilidad de todos; los daños hechos al patrimonio económico nacional es una afectación para todos y la cultura de transparencia y rendición de cuentas está arraigada en la sociedad.

Dinamarca, Finlandia y Noruega tienen un sistema en que toda la población que trabaja está obligada a entregar el reporte de su riqueza personal y familiar, sus posesiones y, si las actividades a desarrollar son empresariales, están obligados a presentar las declaraciones de impuestos y las relaciones que pueden incurrir en conflicto de intereses.

Cuando el año pasado en México se intentó incluir al sector empresarial en la obligación de presentar la llamada declaración 3de3, que consiste en que se presente la declaración patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de intereses, de forma inédita integrantes de organismos empresariales realizaron una marcha hasta lograr que el Senado, cámara de origen del paquete de leyes anticorrupción, desistiera de ese objetivo.

Lo mismo pasó cuando se pensó en que absolutamente todos los servidores públicos hagan del dominio popular su situación patrimonial; se aludió violación a la privacidad y, por eso, esas disposiciones quedan sólo para servidores públicos con altos grados de poder y de ingresos.

Los análisis de la OCDE y de la ONU muestran que el modelo de una autoridad ministerial autónoma ha resultado muy positiva en todas las naciones que avanzan contra la corrupción. En todos esos casos hay un sistema integral y disposiciones que definen los tipos penales que se consideran corrupción.

Con base en el comparativo hecho por Excélsior, el Código Penal mexicano se ajusta a esos parámetros, pues mientras países como Reino Unido, Alemania, Rumania, Japón y Singapur tienen diez años de cárcel como castigo máximo, sin contar agravantes, en México es de 14 años; sin embargo, en esos países hay un catálogo de agravantes que permiten a los Ministerios Públicos pedir cárcel superior a los diez años, mientras que en México ese catálogo no es tan amplio.

México castiga con hasta 12 años de prisión a un particular que se beneficie de la corrupción; en otras naciones son diez años, mientras que los 20 años de inhabilitación de los corruptos es prácticamente el mismo castigo que en otras naciones.

Países como Vietnam, China, Tailandia, Corea del Norte y Rusia prevé la pena de muerte cuando los actos de corrupción implican un daño severo al erario, y los culpables de ese delito no tienen derecho de apelación una vez que haya concluido el proceso en que se demuestre su culpabilidad.

Y con base en la descripción de órganos de procuración de justicia en materia anticorrupción de los países que se destacan por aplicar la ley, los parámetros son iguales al naciente modelo mexicano.

Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción mexicana, que aún no existe debido a la falta del nombramiento de su titular, se define en la ley como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.

Contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas que requiera para el seguimiento de las investigaciones.

Se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales.

Asimismo, contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a hechos de corrupción.

Por Excélsior