En la lucha contra el narcotráfico, el Estado mexicano reconoce que el primer integrante de las Fuerzas Armadas en morir fue un soldado que se ahogó en el municipio de Aquila, Michoacán, el 12 de diciembre de 2006, 12 días después del inicio del gobierno de Felipe Calderón. Desde entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa que a la fecha han fallecido 496 miembros del Ejército en eventos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada en todo el país.

El informe titulado Campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos indica que el más reciente caso de decesos fue el 11 de enero de 2017, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde dos cabos y un sargento segundo, pertenecientes al Batallón de Fuerzas Especiales fallecieron a causa de una agresión armada.

Uno de los eventos en los que más militares han muerto ocurrió el 19 de junio de 2010, cuando se accidentó un helicóptero Bell 412 en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal del líder del Cártel de Sinaloa, durante un operativo de las Fuerzas Armadas.

El estado de Tamaulipas es la entidad donde más integrantes de las Fuerzas Armadas han muerto al sumar hasta hoy 120, mientras que en Sinaloa van 60 militares fallecidos, y Michoacán ocupa la tercera posición, con 54 bajas.

En Guerrero se contabiliza 39 militares caídos, en tanto que el gobierno federal informa que el estado de Chihuahua registra 27 decesos.

En ese recuento oficial se observa que el número de bajas por agresión a balazos es el principal motivo de la muerte de los integrantes de las Fuerzas Armadas, puesto que las estadísticas de la Sedena detallan que 249 integrantes de las fuerzas castrenses han caído por este motivo.

La segunda causa de fallecimiento son los accidentes vehiculares, con 111 y se reporta que los accidentes aéreos han provocado la muerte a 50 militares.

Otros motivos por las que han fallecido los soldados desde diciembre de 2006, son: atropellamiento, ejecución, ahogamiento, por golpe de calor en zonas de altas temperaturas, y como casos únicos: un electrocutado, otro deshidratado y uno más por caída.

Al desglosar las estadísticas del gobierno se detalla que desde 2006, año de inicio del gobierno del panista Felipe Calderón, 2010 es el año cuando más efectivos cayeron, debido a que se contabilizaron 89 decesos de soldados. En tanto que el año pasado, 2016, es el que menos bajas contabiliza, debido a que el informe indica que murieron 24 efectivos militares.

Por nivel de categoría, son los soldados los que más fallecimientos registran. En ese periodo y por el rango han sido 216 soldados caídos, seguidos de 123 cabos, 68 sargentos y 15 subtenientes.

Durante la actual administración federal, es el año de 2013, el primero de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, en el que más soldados han muerto, según la Sedena, al registrar a 44 integrantes de la Defensa Nacional, en su mayoría por agresión con armas de fuego.

Las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Nuevo Laredo se ubican como los lugares donde más efectivos mueren, puesto que según el informe castrense, en Reynosa han caído 25 efectivos, mientras que en Nuevo Laredo suman 21, casi todos debido a agresiones con armas de fuego y por accidentes automovilísticos.

Monterrey, capital de Nuevo León, es la tercer ciudad donde más fallecen soldados, con 18; le sigue Badiraguato, Sinaloa con 14, ésta última, ciudad natal de Joaquín El Chapo” Guzmán Loera, y bastión del Cártel de Sinaloa, y del líder de esa organización que ahora está recluido en Nueva York, Estados Unidos.

Mientras que Uruapan, Michoacán, una de las ciudades en donde desde hace una década se reporta la presencia de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se contabilizan hasta el momento 13 muertes de militares.

A la caza del narco

El más reciente reporte de la Sedena —del 15 de enero—, sobre el número de militares fallecidos durante la llamada guerra contra el narcotráfico, que identifica como “Campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Se hace un recuento por estado, por municipio y por grado del militar al que pertenecían los fallecidos y al tipo de unidad al que estaban adscritos.

Se detalla que existen tres eventos en el combate al narcotráfico que tienen similitudes: 11 militares fallecen por accidentes aéreos.

De los 14 integrantes de la Defensa Nacional que han muerto en la tierra natal de El Chapo, 11 elementos cayeron el 19 de junio de 2010, cuando se accidentó un helicóptero Bell 412, matrícula 1208 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el cual trasladaba personal militar de Badiraguato, Sinaloa, a las instalaciones militares de 5 de Mayo, ubicadas en Durango.

La secretaría informó en esa ocasión que “lamentablemente en ese accidente perdieron la vida un jefe, cuatro oficiales y seis elementos de tropa, la información preliminar indica que el suceso se debió a las condiciones meteorológicas adversas en el área”.

Otro hecho parecido fue el que ocurrió el viernes 18 de abril de 2008, cuando 11 elementos del Ejército mexicano perdieron la vida al desplomarse el helicóptero en el que viajaban por la zona de Uruapan, Michoacán.

La dependencia indicó que la “aeronave perdió sustentación y cayó a tierra”. No se explicaron las causas del siniestro, sólo se detalló que alrededor de las 12:00 horas, el helicóptero Bell 212 con matrícula 1415 de la Fuerza Aérea Mexicana, al volar del aeropuerto de Uruapan a un plantío de enervantes, se desplomó en las inmediaciones de esa ciudad michoacana.

El 1 de mayo de 2015, en un enfrentamiento en Jalisco, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero Cougar EC725, donde también fallecieron 11 integrantes de las Fuerzas Armadas: tres capitanes, tres sargentos, un subteniente, un teniente, dos soldados y un cabo.

La Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, son las entidades donde no se reporta la muerte de ningún integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Piden no exponer a militares

Especialistas en temas de seguridad nacional y en narcotráfico coinciden en señalar que ante el número de decesos de militares en enfrentamientos y operativos contra el crimen organizado, es necesario y urgente no seguir exponiendo a las Fuerzas Armadas, debido a que esa función corresponde a corporaciones policiacas federales, estatales y locales.

Para Alejandro Madrazo Lojus, experto en seguridad nacional y políticas de combate al narcotráfico e integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ante la cifra de soldados muertos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos dos sexenios, se tiene que replantear el actuar del Ejército.

Considera que las Fuerzas Armadas no deben estar en las calles combatiendo a la delincuencia. Se deben crear corporaciones policiacas abocadas al combate de la delincuencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el investigador afirmó que ante la comparación en las cifras de las muertes de militares entre el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, no se pueden tratar igual, puesto que el contexto es muy diferente, debido a que cuando inició la presidencia de Calderón Hinojosa no existía una declaración para enfrentar a los narcotraficantes, a diferencia de la situación que heredó la actual administración federal.

El académico del CIDE destaca que en aras de evitar mayor cantidad de bajas dentro del Ejército, es necesaria la desmovilización de las fuerzas castrenses y “eventualmente llegar a un punto en el cual el Ejército no tenga nada que ver, ni con la procuración de justicia ni con la persecución de delitos, sean estos ilícitos contra la salud o de otro tipo.

“Es anticonstitucional que se involucre al Ejército. La Constitución mandata con mucha claridad que la seguridad pública debe ser una materia extensiva de los órganos civiles. El Ejército lo que debe de hacer es retirarse, pero de forma gradual y escalonada a la par que se construyan instituciones policiacas solidas y robustas”, dijo Madrazo Lojus.

Rodrigo Soto, académico y especialista en seguridad nacional en la Universidad Panamericana (UP), coincide al señalar que ante las estadísticas de militares caídos, es hora de que las Fuerzas Armadas no sigan en el combate contra el crimen organizado, debido a que esa función está determinada para las policías federales, estatales y locales.

“Debe establecerse la fecha de caducidad para la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, a fin de seguir evitando más muertes por parte de nuestros militares. Si no se le pone fecha de caducidad o un plazo, seguirán muriendo más soldados en una función que no debe de ser su prioridad.

Las Fuerzas Armadas están para defender la integridad, preservar la soberanía de las instituciones, del territorio y de la población ante riesgo y amenazas de agentes externos que pongan en entredicho la seguridad nacional, no la seguridad pública, eso le corresponde a las policías estatales y federales, no a los militares”.

Por El Universal