Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 7 de julio que, de confirmarse una participación del FBI en territorio o procesos vinculados con México sin conocimiento del gobierno federal, se trataría de una violación a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y a principios internacionales de soberanía.

El señalamiento fue realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en una jornada marcada por preguntas sobre cooperación binacional, seguridad y los límites de la actuación de agencias extranjeras. La mandataria sostuvo que México mantiene colaboración con Estados Unidos, pero subrayó que cualquier acción debe realizarse por vías institucionales y con información clara a las autoridades mexicanas.

Cooperación con límites

El mensaje presidencial busca trazar una línea entre colaboración y operación unilateral. En materia de seguridad, México y Estados Unidos comparten investigaciones sobre tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero; sin embargo, el gobierno mexicano ha insistido en que ninguna agencia extranjera puede actuar por su cuenta dentro del país ni tomar decisiones fuera de los canales establecidos.

Sheinbaum recordó que la relación bilateral debe basarse en respeto mutuo, intercambio de información y coordinación formal. La postura ocurre en un contexto de presión por casos de alto impacto relacionados con cárteles mexicanos, procesos judiciales en Estados Unidos y cuestionamientos sobre la forma en que autoridades estadounidenses obtienen información o realizan detenciones.

Soberanía y seguridad

El tema vuelve a colocar en el centro la discusión sobre soberanía nacional. Para el gobierno federal, aceptar cooperación no significa permitir acciones no notificadas. La presidenta recalcó que, si existiera una intervención sin aviso, tendría implicaciones legales y diplomáticas porque rebasaría los acuerdos entre ambos países.

La declaración también envía un mensaje interno: la política de seguridad seguirá apoyándose en coordinación internacional, pero bajo conducción mexicana. En la práctica, esto obliga a que cualquier investigación con agencias de Estados Unidos sea revisada por autoridades competentes y se documente conforme a la ley.

El debate continuará conforme se conozcan más datos. Por ahora, el gobierno mexicano mantiene su posición de colaboración condicionada al respeto de la jurisdicción nacional y a la transparencia institucional.

Fuentes: Excélsior, Milenio, La Razón.