La invasión de tierras en zonas indígenas del estado de Chiapas, se traduce en el despojo de cerca de 155 hectáreas, pertenecientes a comunidad de Nuevo San Gregorio considerada como comunidad zapatista, las cuales han sido cercadas con alambre de púas. Dicha acción ha impedido a las Bases de Apoyo del EZLN (BA-EZLN) sembrar y cosechar sus alimentos, además de instaurar un clima de hostilidad y violencia generalizada en contra de las familias zapatistas.
Es por ello que las y los integrantes de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes (REIR), se sumaron a la Acción Global en Solidaridad con la comunidad Nuevo Poblado San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas y las Brigadas de Observación (BriCo), coordinadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), para exigir atención y solución inmediata al problema de invasión de tierras de la comunidad de Nuevo Poblado San Gregorio, por parte de habitantes de comunidades aledañas, desde noviembre de 2019.
La invasión de tierras se traduce en el despojo de cerca de 155 hectáreas, pertenecientes a esta comunidad zapatista, las cuales han sido cercadas con alambre de púas. Dicha acción ha impedido a las Bases de Apoyo del EZLN (BA-EZLN) sembrar y cosechar sus alimentos, además de instaurar un clima de hostilidad y violencia generalizada en contra de las familias zapatistas.
esta acción sumamente lacerante para el ejercicio pleno de los derechos de los y las niñas zapatistas, pues atenta contra su derecho superior para vivir una vida digna, en función de que su acceso a alimentación, salud y educación están comprometidos total o parcialmente en estos momentos, debido a la invasión de sus territorios. Esta situación, insistimos, es sumamente delicada, ya que se viene presentando desde hace casi tres años, lo que ha provocado el rompimiento del tejido social en la cotidianidad de las familias zapatistas, y en la construcción de su vida comunitaria sustentada en principios de autonomía.
Lo anterior, sin duda constituye parte de una estrategia de guerra de baja intensidad que, de manera violenta, obstaculiza el proceso político y pacífico de las autonomías del EZLN. La lucha de estas comunidades autónomas zapatistas ha implicado participar en la reconstrucción de la vida comunitaria de las comunidades indígenas de Chiapas, al generar vías de solución con autoridades locales y el gobierno federal de México no han generado y tampoco respaldan, comunidades que recibieron amenazas de ser desplazados y cerrar las casas de 6 familias zapatistas en mayo pasado.
De acuerdo con reportes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una coalición de organizaciones de la sociedad civil, dio a conocer que las entidades con mayor número de ataques en contra de niñas, niños y adolescentes indígenas en este periodo fueron Tabasco (270), Chihuahua (229), Guerrero (185), San Luis Potosí (158), Chiapas e Hidalgo (cada uno con 105).
Chiapas es la entidad federativa con el mayor rezago educativo de niñas, niños y adolescentes, el de más carencia por acceso a la seguridad social y el de menores ingresos en comparación con el promedio nacional.
De los 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en Chiapas, 1.6 millones se encuentran en situación de pobreza. Solo un poco más de 92 mil pueden acceder y ejercer sus derechos sociales adecuadamente y vivir en un hogar que tenga un ingreso suficiente para adquirir todo lo necesario para la vida cotidiana.
Ante ésto los integrantes de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes (REIR), consideró esta acción sumamente lacerante para el ejercicio pleno de los derechos de los y las niñas zapatistas, pues atenta contra su derecho superior para vivir una vida digna, en función de que su acceso a alimentación, salud y educación están comprometidos total o parcialmente en estos momentos, debido a la invasión de sus territorios.
“Esta situación, insistimos, es sumamente delicada, ya que se viene presentando desde hace casi tres años, lo que ha provocado el rompimiento del tejido social en la cotidianidad de las familias zapatistas, y en la construcción de su vida comunitaria sustentada en principios de autonomía”. Comentó la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes (REIR).
“Los invasores de sus terrenos rechazaron tres propuestas hechas en febrero de 2020 conjuntamente con la Junta de Buen Gobierno para solucionar el diferendo: trabajar las tierras en común; otorgar una hectárea a cada invasor, y repartirse en partes iguales las 155 hectáreas”. Lo anterior expresa la lucha digna de los y las zapatistas por su autonomía y el desinterés de las autoridades mexicanas por resolver conflictos que laceran la vida cotidiana de las comunidades BA-EZLN. Nos unimos a esta Acción Global urgente, debido a que “las amenazas, hostigamiento e intimidación por el grupo de personas, sumado a la omisión del Estado mexicano para atender esta situación a pesar de haber sido informado sobre los hechos por el Frayba desde noviembre de 2019.
No sólo no se han detenido, sino que ahora la situación es más crítica, pues como informa este Centro de Derechos Humanos, desde hace más de dos semanas, el clima de violencia se ha incrementado, registrando, solo en lo que va de este año, 21 agresiones contra las familas BA-EZLN “que van desde intimidaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y de tortura; agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes; cortes de agua, vigilancia; obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas”. Este hecho agrava el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, especialmente de niñas y niños, así como de las personas observadoras integrantes de las BriCo, quienes en las últimas semanas han sido el blanco de las amenazas, por lo que, por cuestiones de seguridad, se han tenido que retirar, dejando más expuestas a estas familias.
(Con información de Ultimatum)