Ciudad de México. En sesión extraordinaria y con el voto del PRI, PAN y PVEM, el Senado de la República aprobó el veto del presidente Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como Ley 3 de 3, lo que significa el aval de esa cámara del Congreso para que se elimine la obligación de los empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial y de ingresos, como lo pidió el ejecutivo federal.

Durante el debate, senadores del PRD y PT advirtieron que con ese veto, el presidente de la República “dobló las manos” ante el poder empresarial, pero es también un reconocimiento de que todas las leyes son revisables. Le demandaron, por ello al ejecutivo federal que así como atendió a los empresarios , escuche también a los maestros y acepte que se revise la reforma educativa.

“Se requiere sensibilidad política para reconocer que esa reforma educativa no funciona. Qué bueno que pudiéramos hacer ya su revisión, evaluar a los evaluadores y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios”, recalcó el senador del PRD, Alejandro Encinas, petición que fue también planteada en tribuna por sus compañeros de bancada, Dolores Padierna y Fidel Démedicis, Raúl Morón y por los petistas Layda Sansores y Héctor Menchaca.

Diversas voces desde el gobierno federal, incluido el presidente de la República, han repetido reiteradamente que la ley no se negocia; sin embargo, para la cúpula empresarial, que “tiene derecho de picaporte”, la legislación anticorrupción si se negocia”, recalcó la senadora Padierna.

Insistió: “Bastó una manifestación impulsada por los magnates y que el gerente de OHL diera un manotazo, para que Peña Nieto doblara las manos”.

“No es ético, ni justo, ni equitativo, actuar por la presión de un grupo de empresarios que ostentan el poder económico del país e ignorar a miles de voces allá afuera, tanto a nivel nacional como internacional, que piden, con argumentos, que se revise y modifique la reforma educativa aprobada en 2013”, advirtió a su vez el senador Raúl Morón.

Recordó que a los empresarios los recibió de inmediato Peña Nieto, a los maestros el secretario de Gobernación y sólo después de los hechos trágicos de Nochixtlán.

Los senadores del PRD y PT deploraron además que Peña Nieto haya eliminado la obligación empresarial de transparentar su riqueza y sus posible conflictos de interés, en lugar de modificar la redacción del artículo 32, para que los particulares que hacen negocios con el gobierno no estén exentos de las dos declaraciones.

Legisladores del PRI y el PVEM argumentaron que el hecho de eliminar el artículo 32 no deja fuera a los empresarios del Sistema Nacional Anticorrupción. Pablo Escudero, quién estuvo al frente de las negociaciones, sostuvo que hay otros ordenamientos dentro de la misma Ley General de Responsabilidades que pueden impedir acciones corruptas de particulares.

Al hablar a nombre del PRI, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, se refirió al Artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, en el que se establece que los particulares que participen en contrataciones, expongan en los formatos aprobados los vínculos o relaciones de negocios personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses, bajo el principio de la máxima publicidad y transparencia.

La senadora Padierna respondió que ello no es suficiente, quela verdadera rendición de cuentas implica conocer la declaración de las fortunas y de los posibles conflictos de interés con aquellos servidores públicos con los que negocian contratos y concesiones, sobre todo en momentos en que se ha recrudecido la corrupción entre gobernantes y particulares.

El PAN, en voz de la senadora Marcela Torres Peimbert, reconoció que el presidente enmendó la plana al Congreso y éste, “de prisas y con la cola entre las patas” , debe allanarse al veto.

Al respecto, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que el veto presidencial es una farsa, “que exhibe el sometimiento del legislativo ante el presidente Peña Nieto.

Aceptar el veto presidencial se aprobó con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, luego de casi cinco horas de discusión. Esa misma mayoría rechazó una reserva del PRD para no eliminar, sino modificar el artículo 32.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.

Vía La Jornada