Ciudad de México. El feminicidio volvió a colocarse en el centro de la alarma pública con cifras que muestran la dimensión del problema sin necesidad de dramatización adicional. De acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de abril de 2026, el 98.1 por ciento de las víctimas mujeres dentro de los delitos letales analizados corresponde a feminicidio. El dato no sólo revela persistencia, sino la consolidación de una violencia extrema que sigue golpeando al país con rasgos territoriales cada vez más visibles.

Uno de esos rasgos quedó subrayado por el propio reporte: Sinaloa aparece con la mayor tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, con 1.67 y un total de 27 casos en el periodo. La estadística importa porque rompe la idea de que el fenómeno se concentra únicamente en estados tradicionalmente señalados por otros indicadores criminales. También deja ver que la violencia contra las mujeres se cruza con dinámicas locales de impunidad, fragilidad institucional y normalización de agresiones previas.

Más que una cifra acumulada

La gravedad del feminicidio no puede medirse sólo en números absolutos. Cada caso implica una cadena de fallas previas: amenazas no atendidas, agresiones escaladas, entornos familiares o comunitarios sin protección efectiva y autoridades que con frecuencia llegan tarde o investigan con deficiencias. Por eso, cuando un informe nacional muestra un peso tan alto del feminicidio en el universo de delitos letales contra mujeres, lo que está señalando es también una incapacidad estructural del Estado para interrumpir trayectorias de violencia antes del desenlace fatal.

El reporte ofrece además otras pistas preocupantes. En delitos como rapto, tres de cada cuatro víctimas son mujeres; en corrupción de menores, la proporción femenina también es dominante. Es decir, el feminicidio no aparece aislado, sino dentro de un ecosistema más amplio de agresiones por razones de género, edad y vulnerabilidad social.

La urgencia de revisar la respuesta institucional

Los datos llegan en un momento en que el país sigue discutiendo seguridad, crimen organizado y capacidad policial, pero con frecuencia deja en segundo plano la violencia específica contra mujeres. Sin embargo, el feminicidio obliga a una mirada distinta. No basta con más patrullas o más detenciones generales si los ministerios públicos no investigan con perspectiva de género, si las órdenes de protección se vuelven trámites lentos o si las alertas previas no generan acompañamiento real.

El caso de Sinaloa es particularmente delicado porque combina esta estadística con un entorno general de inseguridad y presión criminal. Cuando un estado enfrenta violencia de alto impacto en múltiples frentes, existe el riesgo de que el feminicidio quede absorbido dentro del ruido general y no reciba la atención especializada que exige. Esa normalización es parte del problema.

Lo que está en juego

Más allá del registro oficial, la discusión toca una pregunta de fondo: cuántas de estas muertes pudieron evitarse. El feminicidio rara vez surge de la nada. Suele estar precedido por violencia familiar, control coercitivo, amenazas, desaparición o agresiones sexuales. Por eso, una política seria debe fortalecer prevención, refugios, fiscalías especializadas, acompañamiento jurídico y mecanismos de reacción temprana.

El informe con corte a abril deja una señal difícil de suavizar: la violencia letal contra mujeres sigue siendo uno de los fracasos más persistentes del sistema de seguridad y justicia en México. El país no enfrenta sólo una estadística grave, sino una deuda estructural con la protección de las mujeres. Mientras esa deuda no se atienda con prioridades claras y resultados medibles, cada nuevo reporte seguirá confirmando lo mismo: que el feminicidio no es una excepción, sino una emergencia sostenida.

Fuente: Infobae, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública