NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- El juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas, Eucario Adame Pérez, expresó su opinión contraria a la extradición del exgobernador de ese estado, Eugenio Hernández Flores, por lo que será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que decida el próximo mes si lo entrega a Estados Unidos.

Sin precedentes inmediatos en un caso de relevancia, el juez Adame expresó su desacuerdo con la entrega del exmandatario a la justicia estadunidense por considerar que los delitos por los que está detenido fueron cometidos en México, además de que aquí puede ser condenado por las acusaciones que se le siguen en el vecino país.

La Corte Federal para el Distrito Sur de Texas acusa a Hernández Flores de lavado de dinero, fraude bancario, así como de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

De acuerdo con la Ley de Extradición Internacional, la opinión del juez es necesaria pero no vinculante; es decir, que será el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la SRE, el que decida si entrega o no al exmandatario tamaulipeco.

De acuerdo con la Ley de Extradición, una vez conocida la valoración del juez, la SRE tiene 20 días para conceder o rehusarse a la extradición solicitada por Estados Unidos en febrero de 2017.

Con residencia en Ciudad Victoria, el juez Adame Pérez argumentó que Hernández Flores cometió probables actos de corrupción en perjuicio del erario durante su encargo como gobernador de una de las entidades federativas, por lo que tendría que ser juzgado en México.

Explicó que, como parte del pacto federal, los estados de la República conservan su soberanía en asuntos internos, pero se someten a la Federación en asuntos externos, pero que en un caso como éste la extradición no se puede conceder discrecionalmente.

Para el juez, no sería adecuado para la soberanía nacional que hechos cometidos por servidores mexicanos en perjuicio de los fondos públicos también sean penalmente relevantes en otro país.

Abundó en que, de acuerdo con la Constitución Política de México y el Tratado de Extradición Internacional, “no se está de obligado a entregar a la persona requerida por ser mexicana”.

Existen razones fundadas en la Constitución que impiden entregarlo en ejercicio de una facultad discrecional, por lo que consideró que el expediente de Hernández Flores debe entregarse a la Procuraduría General de la República “para el ejercicio de la acción penal” y procesarlo incluso por los delitos de los que se le acusan en el extranjero.

Adame Pérez aseguró que las autoridades mexicanas tienen jurisdicción también para procesarlo por los delitos que se le imputan en Estados Unidos.

“Lo anterior es lo más acorde con el propósito del Tratado y la Constitución de evitar la impunidad; en este caso, incluso de actos de corrupción y ayuda mutua en la lucha contra la delincuencia y sin comprometer la posibilidad de reparar los daños causados si esos hechos se demuestran”, indicó el Consejo de la Judicatura Federal al dar a conocer la decisión del juez.

Válida, la opinión del juez Adame Pérez

El abogado Juan Jorge Olvera Reyes señaló que, si bien el juez Adame Pérez emitió su “opinión jurídica” y negó la extradición del exgobernador Hernández Flores, la última palabra la tiene la SRE.

“Desde el punto de vista legal, el juez de Distrito no encontró elementos que justifiquen que Eugenio Hernández sea enviado a Estados Unidos”, precisó el defensor del exmandatario en entrevista con Apro.

Según la Ley de Extradición, el juez sólo emite una opinión jurídica y la SRE puede tomarla en cuenta o emitir un fallo en contra de ese punto de vista, agregó Olvera. Y reiteró que después del fallo del juzgador, la cancillería tiene 20 días hábiles para resolver si concede la extradición del exmandatario.

Hernández Flores es reclamado por la justicia estadunidenses por los delitos de fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario, pero en Tamaulipas también enfrenta un juicio por diversos delitos, entre ellos peculado, debido a la compra fraudulenta de terrenos que formaban parte del patrimonio del estado.

Por Proceso